PUNTOS A DESTACAR DEL DOCUMENTO PRESENTADO POR AÍDA CASTILLEJA EN EL QUE SE PRETENDE RESPALDAR LOS TRABAJOS DEL TREN MAYA

 

El documento Proyecto de Tren Maya[1] entregado a nuestro sindicato el pasado 10 de abril por Aída Castilleja González, Secretaria Técnica del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), contiene errores conceptuales que terminan exhibiendo, por parte de los funcionarios del INAH, su falta de seriedad académica y su nulo compromiso con la Ley Orgánica del INAH y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos Históricos y Paleontológicos; lo que se traduce en el incumplimiento del mandato que le dio la sociedad al Instituto para que fuera el garante de la obtención de los conocimientos científicos del pasado científico, del sistema de dominación español y del primer siglo de vida independiente, con el fin de contribuir a resolver los grandes problemas nacionales, en especial, de los descendientes de los pueblos originarios. En cambio, los funcionarios del INAH ofrecen la débil y perniciosa costumbre del salvamento y rescate arqueológico, para tratar de cubrir un expediente que satisfaga los deseos del poder Ejecutivo Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

¿Cuáles son esos errores conceptuales y su falta de compromiso con la legislación que ampara el quehacer del INAH en torno a su función social?  Vayamos por partes:

El documento presentado por Aída Castilleja despersonaliza a los sujetos que se dice plantearon los tres ejes centrales de participación del INAH en el Proyecto del tren Maya, al enunciar “Se han planteado.”

Ante ese inicio del texto, no queda más que preguntarnos ¿Quiénes plantearon esos tres ejes centrales de actuación del INAH? ¿A caso son instancias del propio INAH o son ajenas a la misma? ¿Sí son del INAH, quiénes la conforman y si es externa, de dónde provienen y con qué autoridad participan para señalar los ejes de actuación del INAH? ¿Con qué fundamento legal actúan unos u otros para fijar esos tres ejes? ¿Qué normatividad invocan y cuál es el sustento legal del mismo, tal y cual pudiera ser la Ley Orgánica del INAH o la LFMZAAH o qué otros ordenamientos refieren que estén sustentados en autoridad competente publicados en el Diario Oficial de la Federación?

Las preguntas anteriores no son ociosas, toda vez que el complemento de la frase que trata de marcar los ejes de actuación del INAH indican que son, la “conservación, protección y conocimiento del patrimonio arqueológico e histórico del área comprometida en el proyecto del tren Maya.”

Ese sólo enunciado tiene diversos problemas que van de omisiones graves a ordenamientos equívocos, pasando naturalmente por interpretaciones y prácticas sesgadas e interesadas en disminuir las acciones del INAH a la sola: conservación, protección y conocimiento de los patrimonios arqueológicos (sic) e históricos.

Ese reduccionismo atenta contra el mandato de Ley que se le dio al INAH, tanto en su Ley Orgánica, como en la LFMZAAH, lo cual debe considerarse una traición a la tradición que se inició, no exenta de contradicciones y confusiones, aún antes de iniciar la guerra de Independencia de España, sobre lo que en un principio se denominaron ruinas, monumentos antiguos, antigüedades y finalmente, hasta nuestros días, monumentos arqueológicos y zonas de monumentos arqueológicos.

Sí confrontamos lo expresado en el documento de Aída Castilleja con la Ley Orgánica del INAH y la LFMZAAH, constaríamos que el orden en que se presentan los tres supuestos ejes de actuación del INAH: “conservación, protección y conocimiento del patrimonio arqueológico (sic)” sólo representan algunas acciones encomendadas por Ley al INAH, pero no son todas y mucho menos enunciadas en ese orden. Para que queden claras las funciones sustantivas del INAH transcribamos los objetivos generales que se le asignan a este Institulo, conforme al Artículo 2 de su Ley Orgánica:

Son objetivos generales del Instituto Nacional de Antropología e Historia la investigación científica sobre Antropología e Historia relacionada principalmente con la población del país y con la conservación y restauración del patrimonio cultural arqueológico e histórico, así como el paleontológico; la protección, conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio y la promoción y difusión de las materias y actividades que son de la competencia del Instituto.

La confrontación de esas disipaciones con lo que establece el texto de la Secreraría Técnica del INAH, exhibe perfectamente las omisiones, tergiversaciones y la intención de reducir las competencias y obligaciones del INAH. Las partes invocadas en este documento, ciertamente, se parecen en algo a algunas de las frases enunciadas en la Ley Orgánica del INAH, pero no son lo mismo y, el orden de los factores en éste caso, sí altera el producto.

Como se puede ver claramente en el artículo citado de la Ley Orgánica, los ejes rectores de la institución, giran en torno a dos grande enunciados, donde la conjunción “y” que enlaza esas dos estipulaciones de operación, no suponen trabajos distintos sino subordinados en orden de prelación, según la disposición en que se establecen, toda vez que lo único que puede mostrar y demostrar definitivamente que son “patrimonios arqueológicos (sic) o históricos” —siguiendo la escritura del documento en cuestión— aparte de su apariencia física, que de suyo es importante, pero no definitiva, es la investigación científica en antropología e histórica.

De ahí el orden con que se presentan las oraciones, pues lo único que puede plenamente respaldar lo arqueológico o histórico y su trascendencia para la sociedad, es la exhibición de los conocimientos de lo histórico que en ellos se contienen y transmiten y que solamente pueden ser manifestados por el estudio e investigaciones críticas y rigurosas dentro de los esquemas de las ciencias antropológicas e históricas, que poseen marcos conceptuales de referenciales y conceptual que ubican los objetos de estudio a los que se les debe de hacer preguntas pertinentes y plantear  hipótesis de trabajo adecuadas para su posible intervención, pasando naturalmente por la perspectiva de obtención de nuevos conocimientos, a través de las metodologías críticas que confronten conocimientos previos con los nuevos hallazgos productos del ensanchamiento de la comprensión del pasados y aún del presente.

Así que el orden de prelación de su enunciación —no es casual—, —ni arbitrario—, sino que corresponde a la necesidad que tiene la sociedad de conocimientos científicos de las distintas etapas del pasado que nos conforma como nación y de los objetos que lo presentan y representan con el fin de poder enfrentar de la mejor manera los problemas que genera el “desarrollo”, al tiempo que promueven sentidos de aprecio cívico-histórico locales, regionales o nacionales.

De tal suerte que, no es “la conservación, restauración y conocimiento del patrimonio arqueológico (sic)” lo que debe primar en el INAH, sino la investigación en antropología e historia de la cual se debe desprender las necesidades de conservar y restaurar de los bienes nacionales arqueológicos o históricos muebles o inmuebles y sus zonas de monumentos, para expresarlo en términos estrictamente jurídicos, dado que sólo la investigación científica sobre los pasados permitan ahondar en el conocimiento de las sociedades pretéritas a través de los objetos muebles o inmuebles arqueológicos que son exhumados tras procesos de investigación y que justifican la intervención en determinadas áreas de nuestra geografía nacional, como resultado de la necesidad de ahondar, revisar y confrontar los conocimientos del pasado prehispánico con las realidades y conocimientos que tenemos en el presente de esos pasados y aun de la existencia y actuación de los descendientes de los pueblos originarios.

No es ninguna exageración señalar, que el actual territorio nacional está repleto de lo que se ha dado en llamar vestigios arqueológicos en sus distintas modalidades muebles o inmuebles y que en la mayoría de los casos, se localizan concentrados en áreas geográficas determinadas y que hoy denominamos como zonas de monumentos arqueológicos, toda vez que las tierras y territorios que conquistaron y dominaron los españoles, no eran tierras y territorios vacíos, sino que estaba habitada por distintos grupos humanos, organizados de muy distintas maneras y con largas historias que se remontan en muchos casos a más de 10 mil años y que en muchos casos, siguen siendo desconocidas e incomprendidas, pues los procesos de “entendimiento” de los mismos, han estado influidos por los prejuicios que impusieron los conquistadores españoles, no sólo sobre el presente que estaban viviendo los pueblos que conquistaron y sometieron, sino también sobre su pasado y aún sobre sus posibles futuros.

De ahí la necesidad de las investigaciones antropológicas e historias de los pasados y presentes de los pueblos y comunidades originarios, que hay que decir con toda claridad, no es un mero capricho científico de un grupo de intelectuales, sino una necesidad social reconocida desde el siglo XIX, a tal grado que, a finales del mismo, se legisló no sólo para estudiarlos y conservarlos materialmente, sino, lo más importante, para reconocerlos como bienes nacionales inalienables e imprescriptibles de uso común y dominio público, dado el interés nacional y social que representa su estudio e investigación.

Esa legislación no se abandonó tras el triunfo de la Revolución de 1910, ni se debilitó con algunas pugnas competenciales entre la Federación y los Estados sobre monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, sino que inclusive, profundizó su conservación jurídica dentro del concepto de patrimonio nacional, al declarar plena y expresamente la utilidad pública de la investigación en antropología e historía y con ello, los materiales y manifestaciones que están en el centro de sus actividades, para con todo ese accionar, contribuir a la solución de los problemas que genera el denominado “desarrollo económico del país”[2]

Ciertamente, bajo esas líneas de acción y protección de los bienes nacionales arqueológicos o históricos muebles o inmuebles y de las zonas de monumentos correspondientes, como partes del patrimonio nacional, es que deberían desplegarse los trabajos institucionales, toda vez que cuentan con los ordenamientos jurídicos necesarios y suficientes, así como una larga tradición en la materia para desenvolverse dentro de los mismos.

Sin embargo, no se puede negar que muchos de los proyectos que promueven los gobiernos para según se dice, impulsar el “desarrollo” a través de obras de infraestructura —tales y como pueden ser presas, tendidos de redes de agua potable o de servicios sanitarios, gasoductos, cableado eléctrico, carreteras, instalación de aeropuertos o inclusive, tendido de vías férreas o de apertura de minas o instalación de parques eólicos—, tienden a destruir primeramente los monumentos o zonas de monumentos arqueológicos o históricos, alcanzando hasta los pueblos y comunidades que se encuentran en las tierras y territorios donde se imponen esas obras de infraestructura o de explotación capitalista.

En la década de los ochenta se ideó una forma de trabajo arqueológico transitorio para tratar de mitigar en dicha destrucción, no sólo física de los vestigios arqueológicos con que se toparían esas obras de infraestructura, sino también, generar la recolección de información que proporcionaría, con algo que se denominó primeramente, como rescate y luego como salvamento arqueológico, tal y cual se puede constatar esa secuencia en el enunciado que se manifestó primero en la LFMZAAH de 1972 y la omisión del segundo dentro de la misma.

Estos niveles de “actuación institucional” comenzaron a llevarse a cabo en la Presa del Infiernillo y se han seguido, como una manera de actuar de los funcionarios que encabezan el INAH para satisfacer las demandas de “desarrollo” que promueven los ejecutivos federales, estatales o municipales a través de la CFE, Pemex, SARH, SCT o inclusive, en tiempos más recientes, de particulares y sobre todo, de las mineras y parques eólicos. Bajo el amparo del artículo 18 de la LFMZAAH y que, por cierto, no se encuentra reglamentado en el ordenamiento correspondiente, lo cual quiere decir, que las actuaciones que se amparan en ese referente son extralegales o fuera de toda norma, porque una cosa es que se exponga en el artículo 18 de manera lisa y llana que “El Gobiernos Federal, los organismos descentralizados y el Gobierno de la Ciudad de México, cuando realicen obras, estarán obligados, con cargo a las mismas, a utilizar los servicios de antropólogos titulados, que asesoren y dirijan los rescates de arqueología bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia y así mismo entreguen las piezas y estudios correspondientes a este instituto” y otra cosa, que esa sea la manera de actuar institucionalmente frente a las demandas de los ejecutivos o particulares.

Tan es así que, esa manera de proceder no se pretendió normalizar aún en los ochenta, ya que en la reforma a la Ley Orgánica del INAH no se hace ninguna mención y aun antes el 31 de octubre 1977, se creó una comisión intersecretarial, para justamente planear con anticipación los trabajos antropológicos e históricos que había que desarrollar antes de que las obras públicas comenzaran a destruir, no sólo monumentos arqueológicos, sino también pueblos y comunidades.

En fin, con lo antes expuesto, quiero remarcar que los ejes que se señalan en el proyecto que presentó Aída Castilleja, no sólo son rebatibles por ser omisos en la parte primaria del accionar institucional, sino también, porque distorsiona y altera el mandato que se le dio al INAH al  tergiversar y simplificar el segundo, con lo cual, convierte a la institución en un organismo estrictamente técnico que actúa cómo pepenador de los desperdicios y desechos que van dejando las obras del desarrollo, con sus llamados salvamento y rescates arqueológico, en lugar de posicionar a la institución como una entidad científica que a través de sus investigaciones y práctica científica, contribuya a la solución de los problemas de la sociedad tal y cual se estableció en su Ley Orgánica.

Para puntualizar y concretar más lo antes referido veamos que la secuencia de las palabras en dicho documento: “conservación, protección y conocimiento del patrimonio arqueológico e histórico,” pretenden dar la idea de un ordenamiento institucional de los trabajos que debe garantizar el INAH: 1) la conservación, debemos suponer física de lo que llama “patrimonios arqueológicos e Históricos”; 2) protección física de los “patrimonios” antes enunciados y 3) obtención de conocimiento de esos objetos.

Esa sola enumeración de los trabajos marca la secuencia que proponen los funcionarios impuestos, para dirigir la institución a través de lo que se denomina: rescate y salvamento arqueológico, cuyo principal propósito, es liberar territorios y terrenos de investigaciones antropológicas e históricas, liberarlos de la obligación que tienen los gobiernos y la propia sociedad, de conservarlos como bienes nacionales los monumentos arqueológicos para estudiarlos en su integridad, con el fin de allegarnos de los conocimientos científicos que nos expliquen el funcionamiento histórico-social de quienes produjeron eso que hoy llamamos monumentos y zonas de monumentos arqueológicos.

Por supuesto que queda claro que no se puede conservar todo, pero también, que no es suficiente tomar muestras para establecer sólo tipologías y cronologías de los monumentos, dejando todo el resto del entramado social y material, sin estudiar e investigar, dada la necesidad de las máquinas de abrir caminos, preparar terrenos para los tendidos eléctricos, gaseoductos, presas, minas, parques eólicos o aeropuertos, entre otros desarrollos.

La pretensión de que esos trabajos de rescate, salvamento y luego estudio de los monumentos arqueológicos en laboratorio o cubículos, es suficiente para liberar terrenos, es totalmente contraria al mandato que se le dio al INAH al tiempo que manifiesta una visión monometalista y grandilocuente de lo que son los monumentos arqueológicos y que inclusive, es contraria a la definición que proporciona Ley Federal de Monumentos y Zonas de Monumentos Arqueológicas… que a la letra señala:

ARTICULO 5o.- Son monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas de monumentos los determinados expresamente en esta Ley y los que sean declarados como tales, de oficio o a petición de parte.

ARTICULO 27.- Son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles.

ARTICULO 28.- Son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas.

Como se puede ver, no hay dimensión alguna para calificar como monumentos a los productos humanos o inclusive naturales, relacionados con los habitantes del hoy territorio nacional antes de la invasión y conquista española. Por lo cual, todo objeto o vestigio relacionado con los pueblos originarios, independientemente de su dimensión, función, utilidad, etc., deben de ser considerados monumentos y como tales, bienes nacionales, cuya función actual es proporcionar información no aislada sino dentro de los conjuntos donde se localizan las sociedades que las produjeron.

Aumentar los registros, inventarios y catálogos a través de los trabajos de rescate y salvamento es cuestionable, pues no obedecen a una lógica de investigación científica, sino de urgencia política y económica de los gobiernos. Trabajar con rescates y salvamentos dada la urgencia e imponderable realización de las obras públicas, debe ser la excepción y no la regla, pues con esos trabajos dispuestos como la norma institucional, se traiciona el espíritu y letra de la Ley Orgánica del INAH y la LFMZAAH.

A más de lo antes expresado, es claro que el texto de Aída Castilleja para intentar validar el salvamento como eje de acción institucional, manipula el lenguaje y en lugar de utilizar los conceptos que establece la LFMZAAH, para identificar a los monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, usa el de patrimonio arqueológico, sitios o yacimientos arqueológicos que no tienen un referente en la LFMZAAH como ya vimos, sino en el lenguaje coloquial y de estilo –de moda— que se impuso en la reforma a la Ley Orgánica del INAH en 1986.

Efectivamente Aida Castilleja utiliza, en lugar del rigor jurídico de los términos, las expresiones coloquiales y giros estilísticos, que al no estar acompañados o precedidos de las categorías o conceptos jurídicos, crean confusión y distorsión, tales y cuales son patrimonio arqueológico, sitios arqueológicos y yacimientos.

En la Ley Orgánica del INAH, al enunciar las palabras patrimonio arqueológico, no se están señalando objetos u acciones que sobre ellos pudieran recaer, pues esa manera de enunciar sólo es un giro estilístico, una vez que en artículos e incisos previos se señala que para cumplir con sus objetivos, el INAH tendrá las siguientes funciones: “En los términos del Artículo 3° de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, aplicar las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos en las materias de su competencia.” (LO-INAH: Art 2, inciso I).

Acciones que no se pueden llevar a cabo si no se tiene presente la Ley en la materia que trata, entre otros monumentos y zonas de monumentos, de los monumentos y zonas de monumentos arqueológicos y dentro de la cual, no hay mención alguna al llamado patrimonio arqueológico, que de suyo pudiera existir como acumulación y transmisión de conocimientos, teorías, prácticas y técnicas, de generación a generación, con sus propias historias, porque lo arqueológico por sí mismo, no es un sujeto que pudiera patrimonializarse, sino un mundo de objetos muebles o inmuebles que son reivindicados en esa tesitura por sujetos distintos y distantes de esos objetos y que, inclusive, pueden terminar construyendo legislaciones que concreticen los objetos que caen dentro de esa tipificación.

Por lo tanto, “el patrimonio arqueológico comprometido con el proyecto del tren maya”, no se puede saber a ciencia cierta a lo que se refiere; lo que si queda claro, es que el uso de ese lenguaje aleja la protección total que puede ofrecer la Ley y la academia a los monumentos arqueológicos y a las zonas de monumentos arqueologicos que se pudieran localizar, no sólo a lo largo sino también, a lo ancho de las vías del tren, pues en última instancia, el tren no es más que el detonante de una colonización no controlada de las selvas, manglares, costas y consecuentemente, del despojo de tierras y territorios no sólo de pueblos y comunidades sino también, de los bienes nacionales que hasta hoy son reservas de la biosfera, parques nacionales, litorales, etc., tal y como ha ocurrido a lo largo de la historia de los llamados, eufemísticamente, caminos de acero.

El uso de una terminología desapegada a los mandatos de la Ley, tales y cuales son: patrimonio arqueológico, sitios arqueológicos, yacimientos arqueológicos, confunden, pues no tienen un referente concreto en las leyes, como sí lo tienen los monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, tal y como se pueden ver, en la LFMZAAH, en los artículos: 27, 28 y 44, en los cuales, no se trata de sitios arqueológicos y menos aún de yacimientos, como se mencionan en el documento de la Secretaría Técnica del INAH.

Ese es el lenguaje que da pie a tratar el accionar del INAH inscrito en lo que se llama salvamento y rescate arqueológico, como se puede ver en los numerales 1 al 5 del documento presentado por Aida Castilleja:

Punto 1: Investigación y salvamento arqueológico, protección y conservación sitios arqueológicos en los tres tramos: Selva, Golfo y Caribe. De acuerdo con la normatividad vigente y la competencia institucional, en materia de monumentos arqueológicos, se evaluara y, en su caso, aprobará el trazo del Tren Maya.

¡Más claro ni el agua!

Pese a esta redacción, la normatividad vigente no se enuncia en ninguna parte y a lo más, se refiere un documento de consumo interno y que no tiene ninguna sanción legal: los Lineamientos para la investigación arqueológica en México y cuyo mayor defecto, es glosar algunos aspectos de la Ley Orgánica del INAH y de la LFMZAAH para que un Consejo de la Dirección General del INAH, respalde las decisiones tomadas por el director General de la misma institución, que en la inmensa mayoría de los casos, no contarían con el respaldo de las ciencias antropológicas o históricas:

Con base en información generada por el INAH y la que a la fecha ha sido presentada sobre el trazo del Tren y la construcción o habilitación de estaciones proyectadas, se ha iniciado la identificación de incidencia en sitios arqueológicos para garantizar su conservación y protección.

Es claro que mediante el salvamento y el rescate.

Prospección arqueológica: georeferenciación de sitios y yacimientos arqueológicos  

¡Esto es el colmo, ya ni siquiera recorridos de superficie, pues la austeridad republicana no da para viáticos! Pero los monumentos saldrán a relucir por todas partes; así que tendremos que estar pendiente para cuando comiencen las obras para documentar la destrucción que promoverá está transformación de cuarta y sus adoradores.

Una vez definida la ruta del tren y la conclusión de los datos LIDAR, se propondrá la movilidad del trazo, o en su caso, efectuar tareas de extracción [nueva manera eufemística de llamarle al rescate] catalogación y traslado de los bienes arqueológicos. [¿A dónde?]

Identificación de aquellos sitios que requieren trabajo de salvamento arqueológico  [confesión de parte absoluta que necesita lavarse la cara y por lo cual señala con desfachatez absoluta] Este tipo de investigación arqueológica [una sonrisa de sorna, asoma debajo del párrafo] permite también, [debería de decirnos que más hace, a parte de liberar los terrenos y territorios de la investigación antropológica e histórica] generar y ampliar el conocimiento sobre tipos y características de asentamientos del periodo prehispánico [o sea, incrementan los registros, inventarios y catálogos y nada más].

Los puntos 2 y 3 entran de lleno en el acompañamiento de los negocios que detonará el Tren Maya, no sólo sobre sus rieles y sus estaciones, sino sobre todos el territorio de la península de Yucatán.

El punto 4, es la política de ocupación y despojo a través del nuevo plan colonialista de la Congregaciones y repartimiento de trabajadores, sino es que, hasta encomiendas del siglo XXI, emulación y continuación de las llevadas a cabo por los conquistadores españoles del siglo XVI y XVII y que por cierto, no fueron muy exitosas.

El punto 5, emplea el prestigio del INAH para hacer publicidad.

Lo antes descrito, no es privativo del proyecto del Tren Maya, sino que se pretende que sea el modo de actuar de la institución para acompañar los mega proyectos neoliberales de la administración de López Obrador, tal cual, lo podemos ver, se hace extensivo al aeropuerto de Santa Lucia y al proyecto transísmico, según notas periodísticas.

Así los trabajos “técnicos” de rescate, salvamento, conservación y posibles estudios en cubículos y laboratorios, a más de reducir el actuar institucional, terminan validando la destrucción tanto de monumentos como de zonas de monumentos y de los entramados naturales e histórico sociales que van más allá de donde se localizan los monumentos arqueológicos, pues es claro que ninguna sociedad reduce su existencia a perímetros restringidos. Procesos, todos ellos, deben de ser investigados y estudiados en su mayor amplitud para lograr no solamente la conservación de los objetos, monumentos, sino lo más importante, la comprensión de los entramados históricos sociales que los hicieron posible y que en muchos casos llegan hasta nuestros días.

Así pues, debemos decir:

No al salvamento y rescate de la manera en que lo plantea esta administración, ya que es el modo que encontraron, tiempo atrás, los funcionarios que nos han impuesto al frente del INAH para ser obsecuentes con las demandas improvisadas, caprichosas y multimillonarias que han promovido los ejecutivos federales, estatales, municipales y hasta particulares.

Sí, a las trabajos previos de antropología e historia ante las propuestas de proyectos invasivos y destructivos en el territorio nacional, como son los trenes, aeropuertos, carreteras, presas, parques eólicos, minas, puertos, sembradíos de árboles de una sóla especie, entre otros.

 

Felipe I. Echenique March

 

 

[1] El documento se puede consultar en: https://www.snp-inahinvestigadores.org/wp-content/uploads/2019/04/ProyectoTrenMaya2019.pdf

[2] Y la exposición anterior no es producto de una lectura interesada en una forma de interpretación de ese artículo ya que puede verificarse su espíritu y letra si se toman en cuenta las exposiciones de motivos de las leyes en la materia y la historia del accionar reivindicativo sobre eso que, desde finales del siglo XIX, se dio por denominar monumentos muebles o inmuebles arqueológico y sobre lo que seguir abundando a lo largo de esta exposición.