Ciudad de México, 2 de abril de 2019

A LA COMUNIDAD DEL INAH.

 

Con relación a los proyectos de infraestructura sexenales, en particular del llamado Tren Maya, y con base en la información que circula en los medios de comunicación, en específico acerca del foro del 25 de marzo efectuado en la Dirección de Estudios Históricos del INAH, comento lo siguiente.

1.- Todo habitante de México está obligado a cumplir y hacer cumplir los ordenamientos que rigen nuestra vida cotidiana, y en particular es un mandato a los titulares del poder ejecutivo. El licenciado Andrés Manuel López Obrador, actual presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el 1 de diciembre de 2018 ante la nación se comprometió a guardar y hacer guardar (respetar y aplicar) los postulados de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan.

2.- La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos es un mandato que surge de dicha Constitución, y que rige las actividades, procedimientos, facultades y principios en materia de patrimonio arqueológico, artístico, histórico y paleontológico de la nación. De dicha Ley se han generado diversas normas específicas que definen procedimientos, estrategias, mecanismos e instancias participantes, entre otros aspectos relevantes.

3.- Una de las facultades centrales que dan razón de existir al INAH y le otorgan fortaleza en su actuar público radica en aplicar las medidas técnicas y legales necesarias para evitar la afectación al patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico que existe en el territorio nacional, medidas que privilegian el cumplimiento del mandato establecido por el pacto social de los mexicanos que entiende a los elementos culturales señalados como parte de su herencia patrimonial.

4.- Al término de las campañas políticas del año anterior se advirtió a las autoridades del INAH la necesidad de adelantarse a la toma de poder del nuevo ejecutivo federal toda vez que eran públicas y reiteradas las menciones a diversas obras de infraestructura cuyo desarrollo implican eventuales impactos al entorno natural, a las comunidades sociales y al patrimonio cultural, estas últimas evidencias de las cuales en gran medida se desconoce su ubicación, características culturales y condiciones de preservación. Se propuso, entre otros mecanismos, que se conformaran de inmediato grupos de académicos para trabajar con el equipo de transición que permitiera afianzar la presencia y facultades del INAH, subrayar la obligación de efectuar estudios previos a las obras proyectadas y referir con claridad que tales evaluaciones técnicas permiten establecer la viabilidad de la obra más allá de consideraciones políticas, pues la facultad del INAH radica en determinar si existirá o no impacto a los elementos culturales para que, en su caso se apliquen las medidas técnicas que eviten o mitiguen dicho impacto.

5.- No resulta, al menos, comprensible que el INAH acepte el desarrollo de obras que carezcan de dictamen técnico en materias de su competencia. En la práctica, su participación avala el desarrollo de las mismas.

6.- Entren otros aspectos, también es sorpresivo que en la nueva administración federal las facultades de diseñar, programar y desarrollar planes de obra de infraestructura como el caso del Tren Maya hayan pasado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). Las obras de esa naturaleza eran impulsadas hasta el sexenio pasado por una dirección específica dependiente de la SCT, instancia con la que el INAH tiene firmado un convenio marco desde 1994.

7.- Lamentablemente, este y otros convenios semejantes del INAH (con SCT, Pemex, CFE, Conagua y el gobierno de la Ciudad de México) han sido desechados. Tales acuerdos son fruto histórico de grandes esfuerzos y análisis por la comunidad académica del INAH, en los que se priorizó la prevención de afectaciones a las obras, pues permitían al INAH allegarse los planes y programas de obra sexenales. Este principio permitió dictaminar acerca de un cúmulo de obras programadas, despreciando las que no impactarían al patrimonio y evitar impactos por obras en las que eventualmente si se generarían daños o pérdidas a bienes arqueológicos, históricos o paleontológicos.

La vía de solución que se vislumbra consiste en que el INAH haga valer las facultades que le confieren la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley Orgánica del INAH y sus ordenamientos técnicos específicos, los que le permitirán determinar, en términos técnicos rigurosos, la viabilidad de las obras de infraestructura que impulsa el poder ejecutivo federal, entre ellos el Tren Maya, las obras de transístmico y el aeropuerto en Santa Lucía, entre muchas otras de menor expectación mediática pero de eventual gran impacto patrimonial, con base en acuerdos con las instancias gubernamentales que establece la ley orgánica del poder ejecutivo federal.

Con la esperanza que se retome el camino de las facultades del INAH y el respeto a esta noble institución, bajo la premisa juarista de “Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”, un saludo afectuoso.

 

Luis Alberto López Wario

Investigador del INAH en la Dirección de Salvamento Arqueológico