Ciudad de México, a 14 de febrero de 2019

A 80 años

C. Andrés Manuel López Obrador

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Presente

Los Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) le notificamos que el pasado 3 de febrero el INAH cumplió 80 años de existencia, de acuerdo con el Decreto Presidencial publicado por el ciudadano Presidente General Lázaro Cárdenas de Río. Cabe mencionarlo, porque no escuchamos de su parte mención pública alguna al respecto, y porque es un buen momento para refrendar y enriquecer el espíritu y la letra establecidos en el decreto de creación de nuestra institución.

Se trata de una historia de los últimos 80 años que, sin duda, no ha estado exenta de contradicciones y confrontaciones, sobre todo con quienes han detentado los poderes públicos, debido a que el neoliberalismo intensificó la guerra de despojo y las pretensiones de aniquilación intelectual y material de los pueblos originarios, sus tierras, territorios, saberes tradicionales y hasta de los vestigios del pasado que, no está por demás recordar, son bienes nacionales de uso común y dominio público, imprescriptibles, inalienables e inembargables por ser instrumentos de conocimiento.

Esos bienes nacionales, a través de procesos de investigación, conservación y difusión se convierten en referentes de valores cívico-históricos locales, regionales, nacionales y hasta universales. Por esa razón, deberían de formar parte del sistema educativo nacional, como lo fue por décadas, permitiendo construir desde las aulas una cohesión social fundada en prácticas y valores cívico-ético históricos, que ha caracterizado a los mexicanos a nivel mundial.

Así, la gestión de usted ha recibido una institución esencial para el país, por la transdisciplinariedad de sus objetos de estudio, por la interdisciplinariedad de sus prácticas de investigación y por la multiprofesionalidad de sus equipos de trabajo. Por ello, la mejor manera de celebrar hoy su ochenta aniversario, la manera más digna de honrarlo, es asegurando su futuro y no evadiendo sus problemas y retos actuales.

Cabe mencionar que durante los últimos 40 años hemos denunciado ante el Ministerio Público un buen número de afectaciones en zonas de monumentos históricos y arqueológicas, pues no se han conservado como marca la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticas e Históricas. Esas denuncias se han realizado porque Teotihuacan, El Tajín, Cuicuilco, Chichen Itzá, Monte Albán, Tulum, Edzná, Uxmal, el Castillo de Chapultepec, Paseo de la Reforma y muchos otros sitios no se han librado de los circuitos comerciales ni se les ha protegido a suficiencia, lo que obstaculiza las condiciones para su mejor investigación y protección. La mercantilización de esos espacios y su instrumentación como simples escenografías de artistas y políticos interfiere la posibilidad de un mayor disfrute social informado y científicamente establecido.

Además, hacemos de su conocimiento que en los periodos sexenales precedentes a su gestión, y hasta el día de hoy, se ha impulsado e incrementado a nivel federal la entrega de concesiones del subsuelo nacional a favor de empresas extranjeras y nacionales dedicadas a la extracción de nuestros recursos, sin consulta alguna a las poblaciones afectables, y ni siquiera a las dependencias de gobierno federal cuya función es también impactada en la diversidad biocultural, en la economía de los pueblos, en la producción agrícola, en la salud pública, en el turismo. Estas concesiones se otorgan arbitrariamente en el subsuelo de regiones de alta conservación biológica, de asentamientos humanos, de territorios de los pueblos y comunidades, de áreas de reserva ecológica y de zonas arqueológicas, pero también en áreas que no han sido siquiera estudiadas por los investigadores del INAH y de otras dependencias. En los hechos, las dependencias de gobierno y en particular la Secretaría de Economía, han sido así concesionadas a los diversos megaproyectos extractivistas o ligados al mismo, que se caracterizan no sólo por el alto monto de sus inversiones, sino porque se generan fuera de las comunidades y se imponen mediante la desinformación, la promoción de conflictos intracomunitarios, la represión, el apoyo de legisladores y de grupos criminales y la aplicación de consultas sesgadas y el desprecio respecto a cuáles son los proyectos y perspectivas propias de las comunidades. Se ha llegado a presionar desde las mismas instancias de gobierno al INAH para desvirtuar y modificar peritajes antropológicos a favor de los megaproyectos. Eso no es soberanía, ni bien común, ni decencia. Y así se ha permitido y propiciado el modelo de despojo colonial, sin tomar en cuenta las afectaciones que generan, objetivamente documentables, diversas e irreversibles.

A su vez, desde hace años, nuestra planta de base de profesores de investigación científica y docencia no sólo no ha crecido sino que ha disminuido, pues éramos mil 120 en 1982, y pasamos a ser 880 en 2019, y aun así se han abierto a la visita pública en los últimos 40 años más de un centenar de espacios entre diversos museos y zonas arqueológicas; aun cuando las transformaciones sociales y culturales inherentes a la dinámica demográfica se han complejizado, y nuevos procesos con un potencial considerable de afectación a nuestro patrimonio biocultural y a nuestra población han surgido y van en incremento. A pesar de ello, se ha incrementado la producción académica del INAH en libros, artículos en revistas especializadas y de divulgación, guiones de radio, museográficos, exposiciones, discos, programas de estudio y propuestas aplicativas resultado de nuestras investigaciones históricas y antropológicas y peritajes en antropología e historia que han coadyuvado, a pesar de presiones, en la impartición de justicia que reclaman Pueblos y comunidades originarias o campesinas.

Buena parte de ese trabajo se ha llevado a cabo con la colaboración y participación de muchos jóvenes estudiantes y profesionistas, a quienes los funcionarios en turno les han negado sistemáticamente su derecho a condiciones dignas de contratación e inclusive de posibilidad de basificación, exhibiendo omisión e incapacidad para explicar y presentar un fundado reclamo de disponibilidad presupuestaria elemental ante las autoridades hacendarias y las instancias legislativas, dada la ya crónica insuficiencia de plazas de base. Ahí radica mucho del origen de la precariedad laboral de nuestros compañeros eventuales.

Así mismo, para mejorar nuestra participación social con pueblos y comunidades tal y como lo mandata nuestra Ley Orgánica, y en la investigación, conservación, custodia y difusión de los bienes nacionales arqueológicos e históricos bajo custodia del INAH, hemos demandado la participación colegiada para la toma de decisiones ejecutivas y administrativas de nuestra institución, lo que sin excepción alguna rechazan los funcionarios siempre de paso en el INAH, ignorando nuestra experiencia y nuestras demandas fundadas a lo largo de los años en criterios académicos, históricos y técnicos.

Sin embargo, la negación del incremento de las plazas de profesores de investigación científica y docencia no tiene correspondencia con las áreas administrativas, las cuales han aumentado sin freno y desproporcionadamente respecto a las plazas destinadas a trabajos sustantivos de investigación, conservación y difusión y a la formación de recursos humanos.  La falta de plazas de base, problema soslayado por años dentro de los programas de la administración central del INAH, impide un relevo generacional que le permita al instituto continuar con sus obligaciones sustantivas e incrementar las acciones que por ley tiene responsabilidad de llevar a cabo.

Ante este cúmulo de problemas, le hemos propuesto al Director General del INAH, Diego Prieto Hernández, en reiteradas ocasiones y aun antes de que fuese ratificado por usted, un diálogo serio y comprometido para reencausar nuestra vida institucional que ha sido golpeada, como usted bien sabe, por las políticas neoliberales de sus antecesores, para quienes la cultura resultó ser un mero espectáculo, una mercancía, un obstáculo. A la fecha, sigue pendiente un verdadero diálogo con los funcionarios del INAH, una voluntad real de transformación y una definición clara de sus políticas internas, transversales e interinstitucionales, en coherencia con el alcance de su mandato.

Las situaciones antes descritas han hecho crisis y en estos últimos días nuestros compañeros Profesores Investigadores Eméritos han alzado la voz para mostrar su preocupación por la política que la administración del INAH en esta gestión, ya en sus primeros pasos, ha manifestado en cuanto al profundo desprecio con que se trata a los auxiliares de investigación, a los docentes de las tres escuelas del INAH y a otros tantos trabajadores pues con los recortes actuales sus condiciones laborales son aun peores que las que existían en los gobiernos del PRIAN.

Nos preocupa que hasta la fecha no se nos han presentado los proyectos ejecutivos para el Tren Maya, el corredor del Istmo de Tehuantepec, o la siembra de árboles maderables y frutales, todas los cuales deben de ser analizadas objetiva y rigurosamente en sus diversas implicaciones, dado que pueden incidir negativamente no sólo sobre vestigios arqueológicos e históricos, sino sobre otros elementos esenciales de la materia de trabajo del INAH, que remite en primer lugar a las poblaciones, sus proyectos de vida, su dinámica relacional, su identidad, sus valores y potenciales prohijados y promovidos por los pueblos y comunidades, no sólo de sus entornos locales, sino también regionales y hasta nacionales. La cultura no es una cosa, ni un atractivo turístico, ni una mercancía a comercializar, ni un escenario.

Enfatizamos que en su mayoría, los trabajadores académicos del INAH trabajamos con procesos sociales, no los atropellamos ni los simulamos. Nosotros analizamos la exclusión existente en nuestra sociedad, pero para denunciarla y suprimirla, no para practicarla. Para nosotros la cultura no se encuentra básicamente en las vitrinas ni es asunto de mero “disfrute social”, sino que se halla en la vida cotidiana de todos y cada uno de los seres humanos y es un asunto de vida o muerte. Para nosotros la documentación de los problemas y retos no basta: es preciso incidir en ellos. Para nosotros el ejercicio de la antropología y de la historia no es una ocurrencia ni su destino es servir al turismo, ni es un ramal de la industria de los espectáculos, sino una práctica imprescindible como fuente de identidad y sentido para la población. Para nosotros la lucha por la integridad de la diversidad de la vida es la misma lucha que se debe dar por la diversidad de la cultura.

Para nosotros, el INAH tiene responsabilidad compartida en la identificación de los propios proyectos de los pueblos y comunidades del país, para reconocer lo que somos y lo que podemos, que es mucho, en lugar de esperar, pedir, aceptar, limosnear, propiciar, impulsar, tolerar o justificar proyectos ajenos para fines ajenos. Para nosotros el “desarrollo” tiene matices, no equivale necesariamente a bienestar ni a justicia y no debe de utilizarse como señuelo para la imposición de esos proyectos ajenos para fines ajenos. México no es un depósito de mano de obra barata, ni de materia prima. La inversión extranjera no es la razón de ser de México. El país merece un Instituto Nacional de Antropología e Historia a la altura de su potencial. Si respetamos nuestro compromiso con el país y con la sociedad a los que nos debemos, seremos respetados. Si transigimos en ese compromiso histórico, seremos avasallados por el temor, la sumisión, la improvisación y el autoritarismo.

Queremos entender a la “cuarta transformación” como expresión de un proceso de responsabilidad y de emancipación de las conciencias, no como una “transformación de cuarta” en una ficción que requiere súbditos obedientes e individualistas. Eso no nos interesa, no sirve al país y constituye una traición al pueblo.

Nosotros no suscribimos los ataques de la derecha al nuevo gobierno federal, pero también sabemos que ninguna transformación será posible si persisten los vicios de los anteriores gobiernos. No hay que confundirse: quienes estamos en todo el país por la conservación de la diversidad biocultural no somos herederos del bando político de los conservadores del siglo XIX. Los “abajo firmantes” deben ser respetados porque tienen algo valioso que aportar para la transformación que exige el país. Nuestros cuestionamientos remiten a la coherencia básica con un mandato popular, básico, de justicia e integridad que se ha manifestado tanto en las votaciones como en las abstenciones electorales y que no requiere demasiadas interpretaciones. El sentir de los pueblos y comunidades de hoy no es un asunto ajeno a nuestra responsabilidad institucional y a nuestro ejercicio profesional.

Por otra parte, vemos con mucho respeto y apoyamos las luchas sindicales de los trabajadores que, cansados de los abusos del poder y control político, ahora exigen sus derechos, porque es un acto de justicia social que sólo se puede exigir por medio de la huelga como último recurso, como sucede en este momento en los casos de las maquiladoras en el norte del país y de la Universidad Autónoma Metropolitana. Esto lo mencionamos, en particular, porque usted ofreció que haría prevalecer el Estado de Derecho, ese que todos los mexicanos merecemos que se concrete para terminar con la simulación, el engaño y la manipulación.

Bajo la pregunta de qué Instituto Nacional de Antropología e Historia requiere el país hoy, hemos presentado formalmente desde el pasado mes de octubre una serie de propuestas fundamentadas para la optimización del INAH, bajo la certeza y la convicción de que nuestra institución necesita una transformación que parta de su democratización interna, una transformación que puede nutrir la transformación misma de todo el sector público en este momento del país. Dichas propuestas, puntuales y viables, emanadas de un congreso nutrido por estudios acuciosos, deben de ser atendidas y resueltas sin rodeos, ambigüedades ni dilaciones por los funcionarios actuales, lo que aun no ha sucedido, en la certeza de que constituyen un aporte positivo para la marcha de la Institución, basado en nuestra experiencia acumulada.

Quizás hasta antes de hoy usted desconocía los problemas y retos a los que nos enfrentamos los Profesores de Investigación Científica y Docencia, de base y contratados, de la institución fundada por mandato constitucional por el General Lázaro Cárdenas del Río. Nuestra participación va más allá de las reivindicaciones corporativas: apunta al cumplimiento cabal de las responsabilidades sociales de nuestra Institución. Y es precisamente en este 80 Aniversario del INAH que todos sus trabajadores, incluidos quienes nos dedicamos a la investigación científica y la docencia, de base y eventuales, volvemos a hacernos visibles, de pie y con orgullo, para mantener viva esta Institución y enriquecerla. Por todo ello, demandamos una respuesta puntual a todos y cada uno de nuestros planteamientos, tal como nos lo garantiza el Artículo 8 Constitucional.

 

Asamblea General del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH