Documento leído en la rueda de prensa del 22 de agosto de 2018 en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.

Ciudad de México a 22 de agosto de 2018

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

ALEJANDRA FRAUSTO

ESTEBAN MOCTEZUMA

A LA OPINIÓN PÚBLICA

 

A partir de que las políticas neoliberales rigen el orden político, administrativo y educativo de México (1982 a la fecha), el fortalecimiento de instituciones responsables de la investigación y conservación de la memoria e identidad de los mexicanos se detuvo después de lograr avances significativos. Entre fines de los años 60 y principios de la década de 1980 el INAH, por decir lo menos, comenzó a tener presencia académica y técnica palpable en todo el territorio nacional con la creación de los Centros Regionales. Desde su fundación en 1938 y hasta mediados de la década de 1980 el INAH padeció no obstante el centralismo que gobernó la vida nacional; una situación que, en su específica materia laboral, impidió el desarrollo de mayor cobertura educativa institucional por todo el territorio nacional. Hoy día vivimos las consecuencias de esos rezagos.

1 Grandes extensiones del norte, centro y golfo del país, que juntos albergarían hasta diez países europeos, carecen de infraestructura y recursos humanos calificados para investigar y proteger el vasto patrimonio arqueológico, artístico e histórico definido en general como nuestro “patrimonio cultural”; es decir, la expresión del patrimonio tangible que nos heredaron los pueblos originarios, 300 años de presencia europea, un siglo de liberalismo y los primeros años del siglo XX.

2 Como en el caso de otras instituciones, el INAH ha padecido desde 1988 un boicot constante de la clase política neoliberal. Se refleja de forma clara al mantener de forma marginal su presencia sin fortalecerlo, limitando su crecimiento o sin aplicar el marco jurídico vigente. Esa situación desdibujó en ambos casos su inserción en los procesos educativos de todos los mexicanos, dando lugar la omisión y creciente corrupción de funcionarios al pillaje del Estado transnacional y de empresarios y dueños de terrenos, a la mercantilización de paisajes, zonas y monumentos históricos y, de forma grave, el abandono de normas y criterios autorizados para restaurar y conservar nuestro patrimonio cultural se han vuelto regla.

3 Resulta por tanto paradójico, y en no pocos casos irritante, conocer las políticas institucionales que el Estado promovió y alentó en instituciones cuya materia laboral como el INAH se asocia directamente con la educación y la promoción de derechos culturales de los ciudadanos en materia de patrimonio arqueológico, artístico e histórico. En el lapso crítico de 1982-2018 el crecimiento administrativo y burocrático ligado a corrupción y perversión de la propia legislación federal han gobernado el país.

4 Así, desde hace al menos tres décadas grupos de funcionarios desleales han ocupado puestos claves del INAH. Su larga permanencia no entrega más que cuentas negativas a la causa del patrimonio de los mexicanos en materia técnica, jurídica y administrativa. Ni siquiera por ejemplo en el caso del Consejo de Arqueología, instancia anquilosada y anti-ética cuyas decisiones y conductas arbitrarias solo exponen que su renovación colegiada es urgente. Entre ese grupo de funcionarios eternos y funestos para la misión del INAH sobresalen: María del Perpetuo Socorro Villarreal, Pedro Francisco Sánchez Nava, Salvador Pulido, Arturo Balandrano, José Muñoz Bonilla, José Enrique Ortiz Lanz, el actual Director Diego Prieto, entre otros. Bajo el clima de cambio de México ninguno debe continuar ocupando cargos. Sus decisiones, polémicas y contradictorias, más que ayudar en la protección y defensa del patrimonio arqueológico, artístico e histórico, han ido en sentido contrario a la esencia del INAH; han erosionado su imagen y trascendencia como también han debilitado la autoridad de la legislación federal en la materia.

5 Algunas decisiones, como por ejemplo exponer el uso y usufructo del patrimonio arqueológico de carácter social para beneficio de empresas privadas y transnacionales, son en sí mismas punibles; casos recientes de conciertos masivos autorizados en Chichén Itzá (noviembre 2017) y La Campana (junio 2018), respectivamente, y Luces de Sonido diversos son prueba de que no actúan con firmeza contra proyectos empresariales ni autoridades federales o estatales corruptas cuyos actos lesionan el patrimonio nacional. Análogamente, el criterio empresarial que se sugiere adoptar para atender decenas de zonas y monumentos afectados por los recientes terremotos, es un nuevo indicador de la endeble situación del patrimonio de todos los mexicanos.

6 Como funcionarios nunca instruyen con autoridad a los delegados locales del INAH para aplicar y negar, con la ley en la mano, esos actos comerciales; esto sin dejar de lado que los delegados estatales ejercen un gran poder en la toma de decisiones sobre el patrimonio arqueológico, artístico e histórico. En cambio, toda la pirámide institucional de funcionarios presiona a investigadores del área de arqueología para que incurran, como en el caso de las zonas dañadas por sismos, en actos ilegales en aspectos delicados como el ejercicio de recursos sin autorización correspondiente.

7 La Comisión de Patrimonio, avalada por el Pleno de Delegados y el Comité Ejecutivo, manifestamos nuestra inconformidad y exigimos que los funcionarios señalados no continúen en sus cargos ya que no defienden el carácter social ni la utilidad pública educativa del patrimonio nacional referido.

8 Demandamos que, en estricto apego a los vientos de cambio, sus relevos cubran requisitos mínimos como: a) trayectoria y actitud ética en la defensa del patrimonio arqueológico e histórico de los mexicanos, y b) una firme convicción para aplicar la legislación vigente contra el avasallador modelo de uso mercantilista que, mediante proyectos turísticos transnacionales, autoridades estatales y municipales buscan normalizar contra lo establecido en normas internacionales y federales vigentes.

 

9 El 1 de Julio pasado los mexicanos votamos por el cambio, no por la continuidad de esas políticas y prácticas que hoy día, desde el actual Director General del INAH hasta los niveles más bajos de dirección, están imponiendo de forma ilegal y arbitraria para la operación de proyectos de investigación. Nos mantendremos firmes en nuestra demanda de renovación de los funcionarios del INAH ya que, como hemos señalado con anterioridad, nuestra inclusión en una Secretaría (Cultura) de perfil neoliberal y mercantilista quedó muy lejos de fortalecer la misión y vocación educativa concebida por la nación para el INAH.

 

SINDICATO NACIONAL DE PROFESORES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DOCENCIA DEL INAH

 

Cambio no continuidad